En esta ocasión vamos a reconocer a las Organizaciones Ambientales que defienden la naturaleza, el 13 de agosto celebramos el Día Nacional de las Organizaciones Ecologistas y Ambientales, en su día reconocemos la gran labor que desempeñan, actualmente juegan un papel fundamental como aliados de la administración pública para cubrir la protección del medio ambiente en Áreas Naturales Protegidas.
La defensa del medio ambiente, no sólo proviene del gobierno federal, estatal o municipal, viene desde abajo, desde cada persona que aprovecha, vive y depende de las contribuciones de la naturaleza, de su cultura, la belleza y el patrimonio nacional. Se genera desde la gente organizada en asociaciones, grupos, asambleas o comunidades que producen sistemas de gobernanza necesaria para avanzar en los derechos sociales y de la naturaleza.
Hace algunas décadas, no existían los instrumentos jurídicos sólidos y accesibles para permitir que cualquier persona, independientemente de dónde viviera o quien fuera, tuviera interés de defender al ambiente o si quiera de poder ser escuchado.
Fue una pelea que costó muchas vidas de personas defensoras y vasta destrucción del medio ambiente. Estas luchas no solo fueron en México, sino alrededor del mundo, la batalla para reconocer este derecho de participación social promovió la creación de asociaciones civiles nacionales e internacionales.

Desde los años setentas, hemos ido reconociendo derechos de tercera generación: “el derecho a un medio ambiente sano”, “derecho al agua”, “derechos de los animales”, “el derecho de la naturaleza”, que nos permiten cuidar todo lo que se constituye elemental para la vida. Estos derechos han sido tratados en reuniones internacionales que fueron empujando a diversos países a firmar acuerdos, para que existieran las posibilidades para defender el patrimonio natural no solo de una región, sino del mundo.
Por ejemplo, la Declaración de Río nos dio el derecho a un medio ambiente sano y al desarrollo sustentable, así se fueron firmando otros acuerdos y tratados internacionales que advierten la importancia de los derechos humanos y el medio ambiente.
Existen tratados internacionales que son vinculantes obligatorios para los firmantes, en los que los países se obligan a cumplir los acuerdos a los que se llega, y que pueden ser demandados para su cumplimiento, ya sea en la Corte Interamericana o en la Corte Internacional de Derechos Humanos. Permite así a los habitantes de los países parte obligar a sus gobiernos a cumplir con los contenidos firmados.
Para ilustrar esta importancia, se encuentra el reciente Acuerdo de Escazú, Costa Rica, que es el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe” adoptado el 4 de marzo de 2018, se concibe aquí el derecho al acceso a la justicia y la información en asuntos ambientales.
Este acuerdo, permite a cualquier persona la participación en esta defensa, basta con su interés para poder intervenir, sin amenazas, represalias o inseguridades a la defensa legal del patrimonio ambiental, sin necesidad de tener un interés jurídico directo (ej. Vivir ahí), simplemente poder litigar en favor de lo que pueda ser vulnerado en el entorno.
La participación a través de organizaciones de la sociedad, comunidades originarias o afromexicanas, pueblos y asambleas, es el medio más común para reclamar estos derechos. Sin embargo, esta participación no necesita ser confrontativa, se busca que junto las políticas públicas ambientales el acceso a la información y la participación social sea previa e informada, un método preventivo para la planeación del territorio y la protección de los hábitats naturales.

El acceso a la justicia conforme al Acuerdo de Escazú, implica:
- La participación social significativa en los actos públicos y privados que afectan sus vidas y su entorno,
- Cuando estos derechos han sido vulnerados se atiendan a través de procedimientos efectivos, oportunos, públicos, transparentes, imparciales;
- Disponer de medidas cautelares y provisionales para prevenir, detener, mitigar o recomponer daños al medio ambiente;
- Poder demostrar la prueba del daño ambiental, la inversión de la carga de la prueba y la carga dinámica de la prueba, es decir, poder probar la causa efecto; y
- Mecanismos de reparación, la restitución al estado previo al daño, restauración, compensación o pago de una sanción económica, satisfacción, las garantías de no repetición, atención a las personas afectadas y los instrumentos financieros para apoyar la reparación.
Queda entonces la pregunta, ¿desde dónde defendemos a la naturaleza, sumamos o restamos?, ¿de verdad importa si lo hacemos desde la autoridad o desde las comunidades?, ¿podríamos excluir a las asociaciones civiles y comunidades de la defensa del territorio?, la verdad es que no, no podemos prescindir de ellas, son más que indispensables. La tarea es tan amplia que todos los esfuerzos en la protección, conservación y aprovechamiento sustentable del planeta y su biodiversidad importan, suman o restan en la lucha para recuperar lo perdido.
El reto entonces radica en ¿cómo hacemos para integrarnos?, para promover los derechos incluidos en el acuerdo de Escazú en las leyes y reglamentos nacionales para no únicamente crear políticas públicas de acceso a la información y la justicia, sino generar procesos legales efectivos, eficientes, comunitarios y representativos.
Que se logren objetivos más allá de la defensa, debemos alcanzar la planeación y ordenamiento del territorio a través de la participación social, la priorización de las actividades sociales públicas y privadas basadas en el desarrollo sustentable, y por último mantener nuestro patrimonio natural, biocultural y estratégico.
Por ello, nos complace celebrar a todos y cada una de las personas que se dedican a la defensa del medio ambiente, desde la Conanp promovemos el acceso a la información a través de los portales electrónicos, en conjunto, buscamos la justicia ambiental para los guardianes de la naturaleza y, sobre todo, aplicamos políticas progresistas de integración en la defensa del territorio.
Nuestro más profundo reconocimiento a todos los defensores del medio ambiente.
¡Hasta la próxima Aulladores!
Autor: Dirección de Asuntos Jurídicos